Protestas y represión policial, el panorama de los últimos días en Colombia

Protestas y represión policial, el panorama de los últimos días en Colombia.

Texto Jeison Oviedo.

Colombia.

El Paro Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el 28 de abril da inicio a una ola de protestas en contra de la reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. La reforma presentada con el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible” tenía como meta ampliar la base de recaudación impositiva grabando con IVA a productos de consumo básico, eléctricos y servicios públicos, entre otros.

La recaudación estimada de 6.800 millones de dólares (25 billones de pesos colombianos) estaba destinada a cubrir el hueco fiscal, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. El proyecto proponía el cobro de un impuesto a la renta a personas que ganen más de US $663.00 mensuales, siendo el salario mínimo de apenas US $234.00.

La aprobación de la reforma hubiera afectado mayormente a la población civil, pues conducía a que las personas naturales aporten un 70% de la carga impositiva, mientras que las empresas y sectores de lujo, solo un 30%. Cuatro días después de iniciadas las manifestaciones y tras fuertes presiones y críticas por la muerte de los primeros manifestantes, el gobierno anunció el retiro del proyecto y Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, presentó su renuncia. Sin embargo, las protestas no se detuvieron.

El reclamo de los manifestantes va más allá de la reforma tributaria, es un descontento social acumulado que se había dejado sentir en las protestas de 2019. La pandemia apaciguó las protestas pero un año de confinamientos y restricciones, acentuaron los problemas de fondo y la reforma tributaria se convirtió en el detonante del descontento social. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Colombia, la población por debajo de la línea de pobreza pasó de un 35.7% en 2019 a 42.5% en 2020.

Otras razones que encienden la protesta son el cierre de más de 500 mil pequeños negocios por la crisis sanitaria; más de 1.6 millones de familias sin recursos para asegurarse los alimentos mínimos y un enorme retraso en el plan de vacunación por Covid que ha llegado apenas al 5% de la población y con numerosas irregularidades. 

Los gastos del gobierno de Duque para fortalecer las Fuerzas de Seguridad por encima de la inversión en salud, claramente no son prioritarios en el marco de una pandemia. El gobierno decidió adquirir camionetas blindadas por más de 9 mil millones de pesos, invertir 20 mil millones en pauta y posicionamiento y hasta 8 mil millones en tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD – las mismas con las que hoy reprimen la movilización-. 

Además, se había anunciado la compra de nuevos aviones militares de combate por un valor que ronda los 4000 millones de dólares, es decir, casi el 60% de lo que se planeaba recaudar con la reforma tributaria. Este anuncio fue descartado debido a la presión ciudadana y el inicio de las movilizaciones.

2. Manifestaciones y represión de la fuerza pública.

El panorama nacional se ha visto colmado de multitudinarias marchas en los últimos 9 días. Frente a las manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, los medios oficiales se han dedicado a destacar las situaciones de violencia y saqueos con el fin de reforzar el discurso en contra de la protesta social, al presentarla como el brazo armado de la subversión; imagen extendida durante el gobierno de Alvaro Uribe y su política de seguridad democrática. 

Dos días después del inicio de las protestas, el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez, publicó un tweet que fue ocultado por Twitter al considerarlo incitación a la violencia por parte de las Fuerzas Armadas en contra de la ciudadanía que se manifeste: 

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Después de la publicación del expresidente Uribe, Duque emitió la orden de militarizar las ciudades foco de las protestas, aun en contra de la opinión de los Alcaldes de Bogotá y Medellín. Como resultado, la violencia y los ataques a la población tuvieron una escalada que alertó a la comunidad y medios internacionales, artistas y Organizaciones de Derechos Humanos que denuncian el abuso de la fuerza pública. Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó abiertamente su preocupación por las denuncias recibidas desde Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes dejando varios muertos y heridos.

Enlace del video en twitter 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1389611519944630279

Entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la plataforma GRITA de la ONG Temblores registró la desbordante cifra de 1.728 casos de violencia policial de los lugares donde la situación es más compleja, como Bogotá y Cali, donde cuentan 19 muertes presuntamente cometidas por la fuerza pública. En Cali se han recibido denuncias de ciudadanos y esquemas de Derechos Humanos, videos donde se observan helicópteros lanzando gases lacrimógenos y disparos en el Barrio de Siloé. En total, la ONG registra una cifra de 37 víctimas mortales en el país, 26 de agresiones a los ojos y 11 de violencia sexual por parte de la fuerza pública en nueve días de protestas,

Uno de los casos que más ha conmocionado al país, fue el asesinato de Lucas Villa, un líder estudiantil que había salido a protestar pacíficamente en contra de los asesinatos y la violencia en Colombia el miércoles 5 de mayo. Recibió ocho balazos desde un vehículo en el viaducto César Gaviria en Pereira, que lo dejaron en estado crítico neurológico y días después, con diagnóstico de muerte cerebral. 

3. Voces opuestas

El Ministro de Defensa, Diego Molano, insiste en que las protestas están siendo infiltradas por disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupos residuales y agentes del narcotráfico; en ese sentido, según el mandatario, se hace necesaria la asistencia militar en las ciudades. Mientras tanto, voceros del paro, sectores de oposición y movimientos ciudadanos cuestionan esa narrativa de criminalización de la protesta y afirman que además de incitar a la violencia, es ineficaz frente a la convulsión social. Visibilizando el profundo problema de las demandas sociales pospuestas, el rechazo a las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad social, fortaleciendo el brazo armado del estado para amedrentar a la ciudadanía, violentando el legítimo derecho a la protesta. 

Alejandro Rodriguez, antropólogo y coordinador de la plataforma GRITA, señala que no hay garantías para proteger la vida en el marco de la protesta social. Debe primar la defensa de los Derechos Humanos y dar prioridad al principio de proporcionalidad del uso de la fuerza, enmarcado en el DIH, del cual se comprende que la policía no puede asesinar a una persona por lanzar piedras o vandalizar una estación de policía. Aunque se evidencien conductas violentas por parte de manifestantes, se debe recordar que en Colombia no existe la pena de muerte y por tanto, una situación de vandalismo no puede ser castigada con la muerte. 

Tampoco, afirma Rodriguez, justicia con los crímenes cometidos por la policía. Estos, no son juzgados por la justicia ordinaria sino por penal militar, con la que usualmente les conceden un pase a la impunidad. Así sucedió con el asesinato de Dilán Cruz, ocurrido en las protestas de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá. Se suma el de Javier Ordoñez, asesinado por la policía en septiembre de 2020, lo que provocó protestas espontáneas en contra de varias estaciones de policía en Bogotá. En respuesta, la fuerza pública disparó contra los manifestantes, dejando un saldo de al menos 10 muertos en esa noche. Solo hay tres investigaciones abiertas de esta masacre, sin ningún indicio de justicia hasta el día de hoy.

4. El paro persiste

Dado el extendido rechazo de la ciudadanía a las medidas del actual gobierno, el Paro continúa en pie de lucha en las principales ciudades del país. Si bien las demandas son múltiples y complejas, comparten un fondo común que apunta a la defensa de la vida y los Derechos Humanos, la justicia social y el resguardo de la salud de manera prioritaria para enfrentar la crisis de la pandemia. 

Se suma la desmilitarización del territorio nacional y el esclarecimiento de la verdad sobre las masacres cometidas por parte de la fuerza pública. Parte de la lista de peticiones del Comité del Paro es la renuncia del actual Ministro de Defensa, Diego Molano, contra quien se adelanta una moción de censura impulsada por el Senador Iván Cepeda. 

El descontento persiste en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que va tomar el paro y la obstinación de un gobierno que no ha escuchado a la ciudadanía y que no demuestra dominio de la situación. Por redes sociales circulan videos mostrando policías con metralletas disparando contra la población civil y reprimiendo la protesta con violencia desmedida, por lo que distintos líderes políticos y de opinión recomiendan encarecidamente a los manifestantes no exponer sus vidas y resguardarse especialmente durante las horas de la noche. 

La crítica situación nacional confirma que el país está ante el inicio de algo más grande que solo derrotar la reforma tributaria. Sectores políticos continúan presionando para que se lleve a cabo un consenso entre el gobierno y los voceros del paro, para que se escuche a la ciudadanía y se logre establecer una ruta de trabajo conjunto, empezando por el cese de la violencia, el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la fuerza pública y la construcción de un esquema efectivo que lleve a la superación de la pobreza, el desempleo, el hambre y la miseria que padecen millones de hogares en Colombia. 

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