Colombia atraviesa por una ola de masacres

Más de 40 masacres registradas en lo que va del 2020 recrudecen la violencia en Colombia.  Por Jeison Oviedo 
Ocho jóvenes asesinados en el municipio de Samaniego
  El asesinato de ocho jóvenes en Samaniego, departamento de Nariño el pasado 15 de agosto, se suma a la ola de masacres que se ha intensificado durante el mes de agosto en distintas zonas rurales del país, pero la cifra va en aumento.  Aparte de las víctimas en Samaniego, se cuentan tres más en Ricaurte, seis en El Tambo, cinco en El Caracol, seis en Tumaco, cuatro en Algeciras, cinco en Caloto, cinco más en Catatumbo y dos indígenas en Corinto. A esta lista se suma el asesinato de tres personas, entre ellos dos menores de edad, en Venecia, Antioquia, con la que se completaron cuatro masacres en menos de 48 horas.  Aunque no hay claridad sobre quiénes están detrás de estos asesinatos, se sabe que en  estas  zonas se están llevando a cabo proyectos extractivistas de fracking y megaminería a los que la comunidad se opone, por no ser sustentables. Además, es una zona geoestratégica para el cultivo y el tráfico de narcóticos. Se conoce además, que existen disidencias de las Farc, paramilitares y grupos armados que desde el 2017 quieren imponer una hegemonía territorial.  Frente a esta seguidilla de muertos, tan común en los tiempos más violentos del conflicto militar, el primer pronunciamiento del presidente Duque fue publicar un gráfico donde omitía nombrar la palabra “masacres” y en cambio, usaba el título de “homicidios colectivos”, como un eufemismo para mitigar la gravedad  de estas muertes y aligerar su responsabilidad.  El presidente Duque comparó el número total de homicidios durante los 8 años del gobierno de Santos con el número de masacres que han ocurrido en 2 años de su gobierno. Esta comparación, aparte de exponer cifras sin fuentes comprobables, no tiene otro propósito más que dirigir la atención hacia los muertos del gobierno anterior, en lugar de hacerse responsable de la ola de asesinatos bajo su mandato.    Rosario Montoya, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas en Colombia, declaró que calificar las masacres ocurridas en los últimos días en el país de “homicidios colectivos” era del todo absurdo: 

“O realmente no sabe en dónde está ubicado o no entiende nada del conflicto que está pasando en este país. Sería muy bueno que todo el Centro Democrático y su bancada estudien lo que pasa en el país, todo el contexto político porque solo dicen barbaridades que ni el más ignorante entiende”, dijo Montoya

Tras la masacre de Samaniego, Duque pidió al alcalde de este poblado al sur del país, que fuera hasta Bogotá, lo que para muchos es una muestra de su indiferencia con las comunidades en las zonas profundas del país, donde los líderes sociales y ambientalistas, indígenas, afros y jóvenes están en peligro constante y donde la respuesta del gobierno ha sido el abandono de los proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos, para dar paso a la persecución y la fumigación con glifosato como estrategia para combatir el narcotráfico, pese a la demostrada ineficacia de estas operaciones.  Duque finalmente se desplazó con su comitiva hasta el municipio de Samaniego y fue recibido entre arengas que exigían el cumplimiento de los acuerdos de paz y la protección a la vida de los habitantes. Sin embargo, la respuesta a las demandas de los manifestantes fue más que decepcionante: “Vamos a construirles un estadio”, les dijo.  Tras la negativa del presidente a viajar a Samaniego y luego lanzar promesas de político en campaña, el ex-gobernador del Nariño, Camilo Romero,  criticó la forma como esta administración, al igual que la anterior, le da un trato “de sexta categoría”, “de manera fría” y “creyéndose de una casta superior”. Para Romero, la indiferencia del gobierno Duque frente a estas comunidades es absoluta.  El ministro de Defensa, Alfonso Holmes  Trujillo indicó que la aspersión aérea de glifosato debe regresar ya que según él, esto tendría un resultado positivo en el panorama de violencia que acontece en el país. Así, se confirma la ausencia de acciones contundentes destinadas a contener la ola de violencia. La forma en que el gobierno ha actuado frente a los últimos hechos, revela su desconexión con los problemas y necesidades que atraviesan estas comunidades, el sufrimiento de las víctimas y un gran desentendimiento respecto a la magnitud y el origen de estas masacres.

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