COVID-19: La Pandemia del capitalismo

El virus ha dejado en evidencia las desigualdades que existen en todos los países y ha puesto en jaque el sistema económico mundial.

Por Ignacio Alfaro, Soledad Domínguez, Sarah Itasana, Jeison Oviedo, Camila Pérez Soto y Verónica Ortega

Filas sin distancia social en Santiago de Chile /Camila Pérez Soto

 

El coronavirus ya tiene alcance planetario, cobrando hasta hoy, cerca de 68.000 muertes y alrededor de 1.249.000 contagios en todo el planeta, sin embargo, estas cifras están cambiando constantemente. Esta pandemia, por su rápida propagación y desconocido alcance aún, es tema de fundamental importancia para casi todos los países. Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania, Francia e Irán lideran las estadísticas fatales. 

Las políticas adoptadas por cada país varían según continente y realidad interna. El denominador común es que se ha puesto en la discusión pública la crítica hacia el modelo económico capitalista mundial y su relación con los derechos sociales básicos. La salud pública y el acceso a agua potable, por ejemplo, no están garantizados en todos los países. Según fuentes del Banco Mundial, cerca de 37 millones de personas no tienen acceso a agua potable en América Latina, pese a que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sea lavarse las manos con agua frecuentemente.

Graffiti en Santiago de Chile /Sophia Boddenberg

 

Pero, incluso, aquellas regiones que sí tienen sistemas de salud avanzados hoy se han visto colapsadas. Es el caso de España, Italia, Francia, Gran Bretaña, en Europa occidental. Esta situación alarma a los gobiernos de Latinoamérica y África, pues si bien no son el centro de la pandemia ahora, cuentan con deficientes sistemas de salud. La eventual crisis económica ligada al COVID-19 golpeará profundo a los países “en desarrollo”. 

A continuación un resumen de la situación en algunos países latinoamericanos y europeos, para comparar la forma en la que han abordado la crisis del coronavirus.

 

Latinoamérica: crónica de una muerte anunciada, sistemas de salud no dan abasto

CHILE

Las organizaciones sociales, alcaldes comunales e instituciones como el Colegio Médico han emplazado reiteradamente al gobierno del presidente Sebastián Piñera para que decrete cuarentena total. Estas medidas se han adoptado  de manera parcelada; 5 de las primeras 7 comunas [barrios] de la capital en entrar en confinamiento total son de estrato socioeconómico alto, es decir, de las comunas más ricas del país: Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa y Providencia. 

El 19 de marzo se decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el país, por 90 días. Esto permite medidas excepcionales, como presencia de Fuerzas Armadas en las calles y un toque de queda todos los días. Esto ha generado diversas reacciones, pues está latente aún el Estado de Emergencia que se decretó en octubre de 2019 tras el estallido social y las violaciones a los Derechos Humanos que han cometido agentes del Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones recientemente. 

Sin embargo, han sido pobladoras y pobladores de los territorios quienes han debido movilizarse para bloquear carreteras y autoimponerse cuarentenas, ya que sectores acomodados de Santiago y de otras grandes ciudades, que fueron “el foco de ingreso” del virus al país no han tomado conciencia de la situación, trasladándose a sus casas de veraneo en balnearios y sitios turísticos. 

Destaca el caso del Archipiélago de Chiloé, donde las y los residentes debieron tomarse los accesos para presionar a que se haga efectivo un cordón sanitario, pues los centros de salud en la zona no cuentan con las condiciones para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, la industria salmonera presente en esa provincia, al igual que la mayoría de los sectores productivos del país, sigue operando con medidas sanitarias insuficientes. 

Por otro lado, la Dirección del Trabajo generó un dictamen que permite a las empresas suspender los contratos y así no están obligadas a pagar las remuneraciones a sus trabajadores. Todas estas situaciones han generado malestar contra el gobierno: barricadas, protestas y cacerolazos suceden en todo el país.

Corte de ruta en Quellón, Archipiélago de Chiloé, Chile, para exigir cuarentena total /Camila Pérez Soto

 

Copyright: Camila Pérez Soto © -2020 todos los derechos reservados.

Personal de salud en Cordón Sanitario en Canal de Chacao, acceso principal al Archipiélago de Chiloé, Chile /Camila Pérez Soto

 

Termómetro infrarrojo en cordón sanitario en acceso al Archipiélago de Chiloé, Chile /Camila Pérez Soto

 

COLOMBIA

Desde la detección de los primeros casos de contagio, a principios de marzo, alcaldes de las principales ciudades ordenaron iniciar un periodo de cuarentena como medida para mitigar la propagación del virus, aun cuando desde el gobierno se insistía en no paralizar al país y los gremios económicos pidieron no detener la fuerza productiva

Finalmente, ante la presión de las autoridades en las regiones y voces dentro del congreso, el presidente Iván Duque se sumó a estas medidas, decretando una cuarentena nacional hasta el próximo 13 de abril. Pese a que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propone llevarla hasta el mes de junio apoyada por otros alcaldes locales, no hay certeza aún de si esta fecha se extender. Lo que se ha propuesto desde el gobierno es esperar hasta la segunda semana de abril para decidir si se prolonga o no el aislamiento obligatorio en todo el país, o se pasa a un “aislamiento inteligente”. El presidente planteó la posibilidad de entrar en un  “proceso de adaptación ante una pandemia que, mientras sale una vacuna, estará presente”. 

Hasta el momento, no hay certeza del número de contagios, puesto que el Instituto Nacional de Salud (INS) había informado que una de las máquinas encargadas de una parte del proceso para la detección del COVID-19 presentó una falla técnica. Pese a que fue reparada prontamente, sigue habiendo dudas en cuanto a la veracidad de los datos sobre el número de contagios, debido a las demoras del Ministerio de Salud en dar a conocer los datos actualizados. 

La embestida del coronavirus en Colombia puso en evidencia que el sistema de salud no está preparado para detectar ni tratar esta enfermedad, como lo afirma el senador de la oposición Gustavo Petro. El modelo neoliberal de salud, encarnado en la famosa Ley 100, conduce a que los recursos de la salud sean acaparados por los dueños de las EPS (Entidades Promotoras de Salud). 

BOLIVIA

El país entero se encuentra bajo una cuarentena tendenciosamente autoritaria y mal administrada desde el pasado 25 de marzo por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Teóricamente, las fronteras internacionales e interdepartamentales están cerradas y, en consecuencia, nadie entra ni sale

En el territorio nacional, la población, que en más de un 70% se sustenta en la economía informal, se encuentra en condición de rehén del gobierno golpista, obligada a un confinamiento “en casa”  mal gestionado y que a corto o mediano plazo puede decantar en brotes y estallidos sociales de descontento. En la región amazónica del Beni ya se han dado algunas violentas manifestaciones al respecto.

Por otro lado, los servicios de salud que poco antes habían anunciado que estaban listos para recibir y contener los brotes de personas enfermas con COVID-19 están demostrando que no coordinan, conocen ni respetan los protocolos de atención y no tienen el equipamiento necesario que se precisa. Esto lo denuncian constantemente los y las profesionales en salud de distintos puntos del país.

Además, la reciente muerte de un empresario de 49 años en La Paz, víctima de la mala coordinación entre hospitales, con la deshumanización de los médicos ante ello y la ausencia de protocolos en atención del coronavirus, ha llamado la atención pública sobre la futura atención que se podría brindar a gente que no cuenta con los recursos ni la capacidad de interpelación social que la familia del empresario sí tenía y que a pesar de ello tuvo que ver morir a su pariente.

También existe una indignación generalizada por el mal trato del gobierno boliviano ha brindado a algo más de 300 viajeros bolivianos (mujeres, varones, niñas y niños) que desde hace unos 10 días permanecían varados en la población chilena de Huara, intentando ingresar a su país, ante la negativa del gobierno. 

Finalmente, el sábado 4 de abril el ejército boliviano los trasladó hasta la frontera interior de Bolivia, a la población altiplánica de Pisiga, después de arduas gestiones de organismos de Derechos Humanos. 

Con estas personas, el gobierno de Áñez inauguró, de facto, el primer campo de concentración fascista en Bolivia del siglo XXI, pues se les ha quitado el derecho a la comunicación al no proveerles de electricidad ni cargadores para teléfonos móviles, se les ha confiscado los documentos y se les obliga a recluirse, pese a estar todas sanas hasta ahora, en carpas  que no favorecen el distanciamiento aconsejado para evitar contagios, en un sitio climáticamente inhóspito, sin agua corriente ni saneamiento adecuado.

Bolivianas/os en Huara /Foto enviada por ellas/os

 

PERÚ

El gobierno de Perú ha sido altamente cuestionado, incluso por organismos internacionales, a propósito de la ley de “Protección a la policía”, donde se protege a las fuerzas militares y de orden en caso de matar alguna persona en el contexto de la pandemia. Esto hace presagiar posible impunidad frente a abusos de poder de parte las fuerzas. Otro tema cuestionable ha sido la normativa de segregación de género en la cual se determinó qué días salen hombres y qué día salen mujeres, lo que significa una normativa discriminatoria al no considerar la diversidad de géneros. 

Mientras tanto, los casos de coronavirus se multiplican exponencialmente. Hasta el domingo 5 de abril se contabiliza oficialmente 83 muertes, 2.281 casos de contagio, 1.639 personas contagiadas en Lima, la capital.

Una ley, votada en la víspera, permitirá a los ciudadanos aportantes retirar hasta un 25% de fondos propios ahorrados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta un tope máximo de 12.900 soles para atender urgencias económicas familiares.

ARGENTINA

Con la confirmación de los primeros casos de COVID-19  el presidente Alberto Fernández puso todo el aparato estatal a contener la pandemia y decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, exceptuando la actividad pública y privada relacionada con alimentación y salud, para reducir la movilidad de las personas y facilitar el aislamiento viral. 

Por otro lado, reforzó los planes y ayuda social para los sectores más vulnerables; estableció un listado de precios máximos para productos de la canasta básica; implementó un Plan de Ingreso Familiar de  Emergencia; suspendió el corte de servicios por falta de pago; congeló alquileres y suspende desalojos; creó el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y prohibió los despidos y suspensiones por 60 días, entre muchas otras medidas.

Dispositivo de sillas para mantener la distancia prudencial en el Banco Provincia de Buenos Aires (Chascomús)

 

Está también el control de las fuerzas de seguridad en la vía pública, con parlantes “recordando” las responsabilidades sociales, retenes exigiendo los permisos de movilidad y vehículos militares patrullando por calles y rutas vacías. Fue el Presidente Fernández quien dijo que no se iba a permitir que “ningún boludo ponga en riesgo al conjunto de la sociedad” y que será buscado donde sea. 

Pero el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad en las zonas más carenciadas de los cinturones urbanos ha crecido, así como también los casos de violencia de género y femicidios

En mayo, inicio del invierno, se espera el pico máximo de infectados y muertes por el COVID-19. En Florencio Varela, un partido pobre del conurbano bonaerense, el Club Defensa y Justicia, la Sociedad de Fomento Villa San Luis, la Asociación Japonesa de F. Varela, Polideportivo La Patriada, la Escuela Técnica N° 2 y la Iglesia Evangélica Don Orione están siendo adaptados para recibir infectados que solo requieran de aislamiento.

Escuela Técnica N° 2 de Florencia Varela, acondicionada para el aislamiento de infectados leves.

 

Las decisiones tomadas por un Estado presente han logrado que la curva de propagación y mortalidad del COVID 19 tenga un crecimiento moderado y que por el momento se vaya mitigando la crisis económica. 

 

Europa, el epicentro de la crisis actual

En Europa, donde el virus se ha extendido en mayores magnitudes, esta crisis demuestra fuertemente la desigualdad en la población. Las y los trabajadores/as esenciales para el funcionamiento del país están movilizados mientras que los demás están en cuarentena. Como siempre, son las personas más indispensables y explotadas las que están en primera línea y corren el riesgo de la contaminación.  Además destaca las diferencias de clase, los privilegios de algunos, la inutilidad de los trabajos mejor pagados y el hecho de que las clases populares son las más expuestas a los riesgos.

Lienzos en la comuna Kreuzberg en Berlín, Alemania. El de la izquierda dice “Imaginate: que no tienes ni papel higiénico ni derechos humanos” y el de la derecha “Los campos de refugiados son una catástrofe. ¡Evacuación ahora!” / Dani Viersbach

 

Supermercado en Berlín, Alemania. El cartel amarillo dice “Estimad@s client@s: por decisión de las autoridades, ya no se nos permite vender productos de panificación y pastelería en modo autoservicio. Si desea comprar, pida sus productos directamente al personal detrás del mostrador. Ellos empacarán sus productos con gusto. Gracias por su comprensión” /Dani Viersbach

 

FRANCIA

En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron no tomó las medidas de confinamiento suficientemente temprano. La ministra de la Salud había dicho en enero que el virus estaba por llegar, pero no actuaron. Las empresas tenían que seguir funcionando y la gente tenía que ir a votar por las elecciones municipales y no tomaron en cuenta los riesgos.

El gobierno presiona a las y los trabajadores para que sigan produciendo y autoriza a las empresas a imponer que el confinamiento sea considerado como “días de vacaciones”. Se prepara a destruir muchas conquistas sociales, como, por ejemplo, pasar de la semana de 35 horas laborales a la semana de 60 horas, después de la crisis sanitaria. Estas medidas liberticidas provocaron un gran rechazo por parte de la población.

Filas sin distancia social en Valparaíso, Chile / Ignacio Alfaro – En contraste, calles vacías en Lyon, Francia / Clémentine Chavanon

 

ESPAÑA

En España la cantidad de muertes por coronavirus hasta el 5 de abril se aproximan a los 12.418 mil decesos, con más de 130 mil personas infectadas; y aunque las medidas de cuarentena se han tomado más en serio que en otras partes de Europa, los hospitales están saturados y les falta materiales. Muchos trabajadores de la salud han sido contaminados por el virus.

Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, declaró que detendrá todas las actividades económicas “no esenciales” durante las dos próximas semanas. Muchos/as españoles han perdidos su trabajo y se registran miles de desempleados más hasta finales de marzo.

Los sindicatos de inquilinos han hecho un llamamiento para que no se paguen los alquileres a partir de abril, en una huelga de alquileres nunca vista antes.

Catedral de Valencia y sus calles aledañas vacías, España /Kitus

 

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El planeta se convulsiona con la crisis humanitaria que está paralizando a una cantidad abrumadora de países, las economías nacionales se derrumban y su peso va cayendo en los explotados de siempre. Hay un denominador común para este momento: la crisis del sistema-mundo capitalista, acicateada por la pandemia. Los grandes grupos financieros, fortalecidos inclusive ahora, intentan aprovecharse de las debacles económicas pidiendo salvatajes económicos a su favor. 

En tanto, las economías informales, las pequeñas empresas y las y los trabajadores del mundo en general –por ahora rehenes de cuarentenas, de confinamientos locales y del fantasma del COVID 19– maduran rebeldías, transformaciones radicales y nuevas opciones de vida en un planeta que ya no será el mismo cuando se supere esta crisis sanitaria-económica-humanitaria generada por el capitalismo. Se espera que de la crisis nazca la posibilidad de otra forma de vivir el futuro como humanidad y de crear las transformaciones necesarias para ello.

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