Bolivia: Crónica de un golpe en curso

Por Soledad Domínguez, La Paz

Once días después de la renuncia forzada del presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, hay más de 750 heridos de bala y 28 muertos en Bolivia. En ese conteo se incluye las seis personas muertas por bala el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata (ciudad de El Alto) y también los tres miembros de las facciones cívicas opositoras que murieron en choques entre cívicos y oficialistas a partir del 21 de octubre, luego de las elecciones presidenciales. Entre los muertos también se cuenta a dos policías: uno que falleció por accidente de motocicleta en medio de una represión y otro que falleció recientemente en el hospital por los golpes de una multitud.

La mayoría de las víctimas, todas o casi todas, son gente pobre. La mayoría murió en acciones punitivas combinadas entre el ejército y la policía, por exigir la renuncia de la actual presidenta de facto.

Esa defensa se activó el mismo día del primer motín policial en contra de Morales, cuando varios uniformados quemaron la wiphala o la cortaron de sus distintivos.

La imagen circuló ampliamente por redes sociales y fue repetida por algunos canales de televisión. La wiphala del Kollasuyo, que tiene una línea de cuadrículas blancas al medio, considerada bandera ancestral de las naciones indígenas de las tierras altas de Bolivia, uno de los emblemas de la Patria según la actual Constitución.

Aquella quema resultó profundamente simbólica, profundamente ofensiva contra los indígenas del país, puesto que el día del golpe el máximo dirigente cívico de Santa Cruz no solo introdujo en palacio de gobierno una biblia y una bandera boliviana, manifestando tácitamente su desprecio a la actual Constitución (donde se señala el carácter laico del Estado y la coexistencia de pueblos y nacionalidades indígenas), sino que propició que policías comedidos con el rostro cubierto arriaran la wiphala de la plaza de armas y la quitaran con violencia del frontis del palacio.

La caída de Evo Morales, de adelante hacia atrás

La policía empezó a amotinarse el viernes 8 de noviembre a favor del movimiento cívico, opositor a Evo Morales. En la tarde del 10, las fuerzas armadas conminaron al presidente a renunciar. Acorralado por las fuerzas de coerción estatal, Morales renunció cerca de las cinco de la tarde, en un mensaje televisado.

Como antecedente de aquel suceso está la huelga cívica que asfixiaba a las ciudades de Bolivia con un paro y bloqueo de caminos e instituciones públicas desde el 22 de octubre, dos días después de las elecciones generales.

Esta medida contó con la participación activa, entusiasta y muchas veces furiosa y racista de las clases medias y estudiantes universitarios. Avanzó desde una demanda de segunda vuelta electoral, dada a conocer en conjunto con Carlos Mesa, el candidato de centro derecha, el mismo 20 de octubre, hasta el pedido de renuncia del presidente constitucional Evo Morales.

En el intermedio, los observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA presidida por Luis Almagro, ya habían vertido juicios de valor considerando colmado de vicios el proceso electoral. Eso generó la furia aunada y preparada con meses de anticipación de todos los oponentes a Morales. Y eso porque el presidente participó en la contienda electoral pese a haber perdido un referéndum, el 21 de febrero de 2016, para habilitarse a una nueva elección, contraviniendo, con apoyo del Tribunal Constitucional, un artículo expreso de la Constitución Política que sólo permite dos elecciones consecutivas a cualquier presidente.

El 24 de octubre, Evo Morales convocó a veedores de la OEA para realizar una auditoría completa –cuyo resultado tendría carácter vinculante, prometió– a las actas electorales; esas que le habían dado el triunfo con un 47% de los votos sobre su contendor inmediato, Carlos Mesa, que obtuvo en el cómputo oficial algo más del 36% de los votos totales.

Durante el tiempo en que la auditoría se realizaba, los opositores encabezados por el fundamentalista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, al mando del Comité Cívico de Santa Cruz, no cesaron un solo día de provocar con marchas, bloqueo de calles, bloqueo de caminos, agresión y amedrentamiento a los sectores afines al gobierno, haciendo gala de sus grupos parapoliciales organizados en las principales ciudades bajo el denominativo de “resistencia juvenil”. Estos grupos se desplazaban en motocicletas, armados con bates, palos y bazukas para contrarrestar las ora tímidas y ora rabiosas manifestaciones de los simpatizantes del oficialismo, aliados por entonces con la policía, que los protegía.

Mediadas por la parcialización de la prensa, las agresiones de los grupos cívicos de choque se registraron con mayor fuerza en los alrededores de Santa Cruz, en el populoso Plan Tres mil, bastión del oficialismo, y en la ciudad intermedia de Montero, donde en un enfrentamiento, confuso por la falta de información ecuánime, resultaron muertos dos miembros de la facción cívica.

Santa Cruz era el territorio por excelencia de la dictadura de su Comité Cívico, que se legitimaba con “cabildos” multitudinarios. Era su comité cívico, con centenares de voluntarios y voluntarias, el que controlaba todas las acciones públicas en la ciudad, dictaminando el cierre de instituciones, el control de los desplazamientos de la ciudadanía, la emisión de salvoconductos y permisos para desempeñar algunas actividades “esenciales” durante los días del paro.

El 4 de noviembre, en pleno pico de la embestida cívica, el gobierno otorgó un bono extra de tres mil bolivianos a todos los miembros de la policía boliviana, agotados por tantas semanas resistiendo los embates de las multitudes opositoras. Pero ya era tarde. Esa noche, en el así denominado “Cabildo de la Unidad”, multitudinario y melodramático, el cívico de Santa Cruz se mofó del monto erogado por el gobierno y anunció públicamente un compromiso previo, consolidado, con la policía y el ejército.

Además comunicó su nueva táctica, aparentemente risible, para hacer renunciar a Evo Morales: se trasladaría a La Paz para llevar personalmente la carta de renuncia al primer mandatario, llevaría también una biblia y una bandera boliviana al palacio de gobierno.

El apoyo que anunció Camacho se tradujo días después en el amotinamiento policial general que empezó el viernes 8 en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y se complementó al día siguiente con el resto de ciudades, culminando con La Paz, donde la policía dejó sin protección alguna a todas las instituciones gubernamentales.

En aquella semana, la del 4 al 8 de noviembre, las fuerzas de choque de los comités cívicos registraron una serie de hazañas agresivas en contra de organizaciones de origen campesino, indígena y de los barrios pobres de algunas ciudades. El miércoles 6 de noviembre, las fuerzas opositoras en Cochabamba vejaron públicamente a la alcaldesa oficialista del municipio aledaño de Vinto, agredieron a campesinas cocaleras llegadas del Chapare, desnudaron y apalearon a un ex viceministro del gobierno. De su lado, murió un joven de 21 años, a quien posiblemente le reventó una bazuka casera en el mentón, una de las que manejaban los de la “Resistencia Juvenil Cjochala” cuando se enfrentaban con simpatizantes del oficialismo en un puente (el dato de la bazuka fue declarado por un médico y luego fue ocultado por los forenses).

Por su lado, el jueves 7 de noviembre, los cívicos del sur del país enviaron a la sede de gobierno delegaciones de jóvenes universitarios y grupos de mineros cooperativistas más algunos miembros de una comunidad indígena aliada para ayudar a ejercer presión en La Paz, donde estaban defendiendo al gobierno, a punta de dinamitazos y palos, los mineros sindicalizados, indígenas de Oruro y del norte de Potosí, además de otras organizaciones sociales.

Las delegaciones cívicas fueron interceptadas y apedreadas por los simpatizantes del oficialismo a lo largo del camino que cruza el altiplano orureño. También hirieron a un minero cooperativista con arma de fuego. La prensa y las redes sociales se ocuparon de propagar noticias, que resultaron falsas, sobre violación y rapto de dos muchachas universitarias.

Eso fue antes del viernes 8, cuando empezó lo del motín policial. El sábado 9, ya el gobierno estaba sin protección policial. Desde la oposición –tal vez para acelerar el golpe– insinuaban que el presidente podía sacar a las fuerzas armadas. Pero el gobierno se negaba a convocarlas. A esas alturas, ya el ejército anunció que no iba a salir a reprimir “a su pueblo”.

Las horas oscuras

En horas tempranas de la mañana del domingo 10 de noviembre, la OEA hizo conocer su veredicto sobre la auditoría, anunciando que las elecciones habían sido fraudulentas –posteriormente, varios expertos internacionales han dado a conocer que la auditoría fue la fraudulenta y amañada–.

Horas después, el presidente de Bolivia, desde el Chapare, anunció, rodeado de dirigentes sociales, que la Asamblea Legislativa, donde su partido tiene el control de los dos tercios de votos, anularía las elecciones, destituiría a las autoridades electorales, elegiría otras nuevas y convocaría a una nueva elección.

Pero esa mañana las huestes furiosas de la oposición ya no le dieron tregua. Salieron en Potosí, la otrora ciudad proletaria, a quemar casas y agredir a los familiares de un ministro y de asambleístas plurinacionales. Lo mismo pasaba en Cochabamba y otros lugares. Cerca de mediodía la Central Obrera Boliviana, con escaso poder de convocatoria y con muchas de sus confederaciones cooptadas por los comités cívicos, sugirió la renuncia del presidente. Por la tarde lo hizo el ejército.

Así se precipitaron los acontecimientos de esa “primavera boliviana” que había proclamado el candidato Carlos Diego Mesa aquella misma tarde. Pero fue “primavera” que no floreció, por la presencia latente de esa otra gran mayoría que todavía no se estaba expresando.

Por la noche, los vecinos de los barrios ricos y zonas relativamente acomodadas de La Paz, presas de pánico colectivo, se encerraron en sus casas y algunos levantaron barricadas que colmaron de wiphalas, por si acaso, anoticiados por el rumor de policías sobre “hordas alteñas: que estaban bajando a saquear y quemar los hogares paceños.

Y es que esa noche, la del 10 de noviembre, grupos que aún no han sido investigados intentaron asaltar la embajada de Venezuela. Por la madrugada, otros grupos, tampoco investigados ni identificados hasta hoy, quemaron prácticamente toda la flota de autobuses modernos de la alcaldía de La Paz, los Pumakatari. En El Alto se dice que los pobladores asaltaron algunas tiendas, que tumbaron la antena de un canal de televisión afín a los cívicos y saquearon los ambientes de la alcaldía, afín a la derecha. Ese tipo de actos terroristas ya no se repitieron por el día, pero sí asaltos multitudinarios a las estaciones policiales en la ciudad aymara, la ciuda de El Alto.

Los motivos del pueblo

Es necesario hablar un poco más de la quema de la wiphala. El 11 de noviembre, los policías de la plaza Murillo, en pleno centro del gobierno ausente, organizaron un pequeño acto de desagravio a la bandera indígena.

Pero era tarde para las disculpas. La furia no sólo se desató en forma de marchas y manifestaciones sino en la quema de casi todas las estaciones policiales de la ciudad de El Alto y algunas estaciones policiales en la zona sur de La Paz. No sólo por la afrenta a la wiphala sino por la traición evidente de la policía, por la entrega del proceso democrático boliviano a manos de las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas, oscurantistas y racistas.

Aquella acción motivó las marchas a La Paz desde ese mismo lunes y las consecutivas marchas multitudinarias, bloqueos y manifestaciones populares que pese a los muertos, centenares de heridos, presos, gente en la clandestinidad y amenazada de muerte, no cesan en toda Bolivia y han decantado, este 19 de noviembre, en el asedio a la estación de hidrocarburos de Senkata, desde donde se distribuye combustible a la ciudad de La Paz.

La repetición trágica de un asedio similar en octubre de 2003. Pero ya sin el apoyo y la solidaridad de las clases medias.

Los motivos del odio

Es necesario, asimismo, contar sobre la emergencia del actual gobierno de facto. El pasado 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez, en calidad de vicepresidente de la cámara de senadores, por parte de la bancada minoritaria de derecha Unidad Demócrata (que apenas logró un 8% de votos en las pasadas elecciones), se autoproclamó presidenta de Bolivia. Puso como pretexto la ausencia de asambleístas plurinacionales, la renuncia de la presidenta del senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de la cámara de diputados, Víctor Borda. Es decir se basó en la ausencia de gobierno. A la par, hizo correr la voz de que la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo se negaba a presentarse para sesionar en la Asamblea Legislativa; aunque luego se supo que la mayoría de los representantes nacionales del oficialismo estaba amenazada y muchos no pudieron llegar por el bloqueo cívico que se prolongó hasta tener a Añez en el gobierno.

Inmediatamente a su asunción, con el fundamentalista Camacho a su costado sosteniendo una biblia de aspecto medieval, y ante una pequeña tropa de policías, militares, periodistas y sacerdotes que la observaban desde la plaza Murillo, Áñez anunció que su gobierno era provisional y se dedicaría a convocar prontamente a elecciones.

Al día siguiente, la autoproclamada nombró parte de su gabinete de ministros, y empezó a ejecutar acciones agresivas en política internacional, a ordenar la caza de subversivos mediante su ministro de gobierno, a amedrentar a la prensa extranjera y nacional mediante su ministra de comunicación. Junto a todo eso, dictó un decreto eximiendo al ejército y a la policía de responsabilidades penales en caso de generar muerte entre civiles; es decir sacó toda la represión a la calle dotándola de impunidad.

La resistencia popular y multitudinaria contra Áñez se ha ido intensificando. Pero son multitudes de gran vulnerabilidad, comunidades campesinas enteras que bloquean la mayoría de las rutas del país, juntas vecinales alteñas que a gritos furiosos exigen la renuncia de la autoproclamada. En tanto que la intelectualidad en las ciudades se manifiesta por redes sociales y se mantiene en la clandestinidad, temiendo represalias.

Todo esto ocurre en medio del cerco mediático que han extendido casi todos los periódicos impresos del país, casi todos los canales de televisión y una gran cantidad de radioemisoras para no informar con la ecuanimidad y proporción necesarias sobre los sucesos, evitando dar voz o cobertura a los sectores en rebeldía y más bien amplificando las falsas pruebas que crea el gobierno para desprestigiar y arrasar con el levantamiento.

El resultado son los muertos en Montero, los muertos en Yapacaní (en el departamento de Santa Cruz), los muertos en la población de Sacaba (sobre la ruta al Chapare) y la zona sur de Cochabamba, en la zona sur de La Paz, en el norte de Potosí y ahora en El Alto.

También del lado del gobierno, en actitud vergonzante inclusive, se sitúan importantes estratos de clase media, los que antes luchaban contra la “dictadura” de Evo Morales y ahora piden “pacificación”, temerosos de que los simpatizantes de su odiado “tirano” logren retornarlo al país.

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